Procesan a dos hombres por una presunta estafa virtual que afectó a una mujer de Chilecito
Una causa por presunta estafa virtual en Chilecito avanzó en las últimas horas con el procesamiento de dos hombres oriundos de Córdoba, acusados de haber participado en maniobras fraudulentas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp simulando pertenecer a la firma Naranja X.
De acuerdo con la denuncia presentada por la damnificada, el hecho comenzó cuando recibió una comunicación en la que supuestos representantes de la entidad financiera le solicitaron actualizar datos personales. Tras brindar esa información, personas desconocidas habrían accedido a sus cuentas y realizado distintas operaciones bancarias.
Según consta en la presentación judicial, los autores habrían gestionado movimientos sobre un crédito en Naranja X y concretado transferencias por un total de $500.000. Además, la mujer denunció que también ingresaron a una cuenta del Banco Nación, desde donde retiraron otros $200.000, alcanzando un perjuicio económico estimado en $700.000.
En el marco de la investigación, el juez Jorge Jalil dictó auto de procesamiento contra dos hombres de apellido Ledesma y Salgán por la supuesta comisión del delito de estafa en calidad de coautores. La resolución sostiene que existen elementos suficientes para considerar probable su participación en el hecho investigado durante esta etapa procesal.
Asimismo, el magistrado dispuso la prisión preventiva de ambos imputados, aunque dejó expresamente a salvo los beneficios de excarcelación que ya habían sido concedidos en expedientes relacionados. También ordenó trabar embargos sobre bienes de los acusados hasta cubrir la suma de $3.000.000 para cada uno, como garantía ante posibles responsabilidades civiles y costas judiciales.
La resolución judicial también contempla el libramiento de exhortos a la Secretaría de Exhortos de Córdoba con el objetivo de notificar formalmente a los procesados y avanzar con las medidas de embargo correspondientes.
Por otra parte, el juzgado ordenó notificar a la denunciante conforme a lo establecido por la Ley Provincial 10.185, normativa que garantiza derechos y protección a las personas víctimas de delitos.
